El terremoto en Pisco y el colapso de las comunicaciones que sobrevino al desastre puso sobre la mesa la necesidad de mejorar nuestra infraestructura. La idea era que de ocurrir un desastre similar las redes pudiesen seguir funcionando y pudiésemos comunicarnos sin problemas.

Para ello, la solución que se propuso fue la construcción de una red dorsal de fibra óptica -similar a la que actualmente pasa por la costa- que pase por toda la zona andina del país. Esta red dorsal a su vez podría ayudar a conectar no solo los pueblos alejados de los andes, sino también importantes ciudades de la sierra que actualmente no se encuentran conectados adecuadamente.

Todos estamos de acuerdo en esto, sin embargo, el asunto clave aquí es operativo: ¿Quien debería financiar esta obra? ¿Con que dinero? ¿Quien debería operar esta red posteriormente?

Hasta el momento se ha sugerido que el Estado debería hacerse cargo de esta obra, y por lo pronto se piensan destinar los fondos de FITEL para esto. Cada vez que pagamos nuestra cuenta de telefonía fija, un porcentaje mínimo se destina por ley al fondo de inversión en telecomunicaciones. Este fondo se destina por lo general a proyectos de infraestructura en las zonas alejadas del país que no cuentan con este servicio. No entraremos al debate de si efectivamente el dinero de FITEL debería de ir a esta obra en vez de otro tipo ingreso estatal (¿canon?), sino a si efectivamente se puede destinar el dinero de este fondo a la construcción de esta red al menos en lo que respecta a los limites de la ley.

Pero quizás el punto mas debatible es en torno a quien operará esta red despues de su construcción. Es poco probable que lo maneje el estado, y por cuestiones de eficiencia y responsabilidad probablemente lo haga una entidad privada. Entonces, la pregunta es ¿quien? ¿Telefónica? ¿Algun operador rural? Que implicancias tendría que uno u otro operador maneje toda o parte de la red es un punto qaue debe estar en la discusión pública.